La Federación de Caza de Castilla y León, en nota de prensa, hace una reflexión sobre el gravísimo problema que representan los accidentes de tráfico provocados por la fauna silvestre y que causan daños que, en una proporción muy importante, suelen ser de extrema gravedad.

La nota de prensa dice lo siguiente:

“Muy pocos de los ciudadanos de este país se han parado a pensar, siquiera alguna vez, en un gravísimo problema que afecta a cualquier persona que, siendo conductor o simple pasajero de un vehículo, inicia un desplazamiento por carretera dentro de nuestro territorio nacional. Es decir, prácticamente la totalidad de los españoles.

Solamente una parte de esta ciudadanía conoce esta problemática de raíz, por pertenecer a alguno de los colectivos directamente afectados, y el resto toman conciencia cuando por desgracia sufren un siniestro provocado por un animal salvaje y se preguntan por qué ha aparecido allí ese animal, qué se puede hacer por evitarlo y, en el mejor de los casos, quién debe pagar la reparación de su vehículo; en el peor quién compensa sus propios daños personales y del resto de los ocupantes. Los mortales tienen mal remedio.

En un mundo en que, en la actualidad, parece todo absolutamente controlado, regulado y asegurado, sorprende que una cuestión de la que todos somos partícipes, aunque sólo sea soportando los enormes gastos que generan estos accidentes al Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones, solamente tomemos razón de esta situación ante una circunstancia tan penosa para una persona como el sufrir un accidente.

Sorprende también que, cuando todo se globaliza y más en nuestro país, que forma parte de un Gobierno Común Europeo, una cuestión ya resuelta hace muchos años en todos los países de la Unión a través del seguro obligatorio del vehículo, sea una asignatura pendiente aquí. Muchas veces los políticos achacan a normativas europeas decisiones que generan rechazo entre la ciudadanía y no nos sentimos comprometidos y copiamos lo bueno en lo que todos podemos estar más o menos de acuerdo.

Esta situación de discriminación con respecto a Europa también se produce en nuestro país entre unas y otras regiones e incluso entre las mismas provincias, ya que la interpretación por los Tribunales de las actuales normas, quizás por su falta de claridad y su deficiente redacción, no es uniforme y se genera aún más confusión, intranquilidad e incertidumbre.

En definitiva, hablamos de un problema económico que afecta en general a los bolsillos de todos los ciudadanos y en particular de índole económica y personal a los siniestrados y, por supuesto, a todos los sectores directamente afectados: Administración como responsable de los daños de las especies y como propietaria de las carreteras, aseguradoras de vehículos y de cotos y, como defensores del medio ambiente, a ecologistas y cazadores. Estos últimos aprovechan directamente y de forma sostenible una pequeña parte de la fauna silvestre.

Como uno de los sectores directamente afectados por esta grave situación, la representación de los cazadores lleva muchos años tomando iniciativas que intenten paliar este problema que, lógicamente, a nuestro colectivo afecta tan directamente, como gestores de una parte de los animales silvestres, los cinegéticos.

Existe también desconocimiento en la sociedad sobre lo que realmente los cazadores pueden hacer en este caso y la verdad es que no mucho, porque aprovechan una pequeña parte de las especies cazables, las que se permiten en los Planes de Gestión de los cotos y aprueba la Administración, y asegura la conservación de las especies. Su función debiera acabar, aparentemente, en cumplir escrupulosamente lo que mandata su Plan de Caza asegurando así el número óptimo de ejemplares que, entre otras cosas, limite esos indeseables accidentes, manteniendo, eso sí, las especies, que son de todos.

En la actualidad, y ante un siniestro, se produce enorme confusión sobre quién responde ante esta situación, lo cual genera en todos los casos litigios y conflictividad y en muchos de ellos indefensión de alguna de las partes afectadas.

La Federación de Caza de Castilla y León aboga porque sea la aseguradora del vehículo causante, a través del seguro obligatorio de accidentes, la que responda en primera instancia de esta situación, como ocurre en el resto de países de Europa, y que luego se busquen los posibles responsables, que podrán ser en algún caso concreto:

a) El propio conductor si se le imputa incumplimiento del código de circulación.

b) Los titulares de los cotos cuando el accidente sea consecuencia directa e inmediata de la acción de cazar y esté provocado por alguna de las especies objeto de aprovechamiento e incluidas en el Plan Cinegético.

c) Los titulares de las vías públicas por su responsabilidad en las acciones provisorias de conservación, señalización, etc.

Castilla y León es la Comunidad más afectada por su abundancia en especies silvestres. Nuestra enorme riqueza medio ambiental, tan admirada, trae consigo esta " penitencia " que ahora mismo todos asumimos de manera significada en nuestros impuestos, por los grandes costes que supone para la Administración Regional.

En la actuales circunstancias, también los cazadores tienen que soportar unas cuantías en las primas de sus seguros que están haciendo inviable la propia actividad, única controladora eficaz y ordenada de las poblaciones, lo que está llevando al abandono de los cotos y al incremento de los siniestros por el aumento desmesurado de las poblaciones. Los habitantes de las zonas rurales también están perdiendo así uno de los pocos recursos que aún les queda para mantener a sus familias.

Un problema pues de todos, que debemos resolver todos.”